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Justicia para los pequeños campesinos

12 de noviembre de 2012

BASTA DE MUERTE INDÍGENA EN MANOS DEL ESTADO CÓMPLICE

 El  repudiable e injusto asesinato del campesino indígena Miguel Galván, miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina (Mocase-VC), ocurrido el miércoles  16 de octubre, cuando defendía la posesión de sus tierras ante empresarios agropecuarios en Santiago del Estero fue la gota que colmó el vaso. Este crimen llevó a que el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) junto con legisladores del Frente para la Victoria (FpV) pidieran avanzar con un proyecto de ley para frenar los desalojos de las comunidades campesinas, producto del modelo de agronegocios que se extiende en varias provincias. El escrito –elaborado por diversas organizaciones campesinas y presentado el año pasado por el diputado Edgardo Depetri– declara “la emergencia territorial por el término de cinco años en materia de posesión y propiedad sobre las tierras rurales que ocupan los pequeños productores agropecuarios, las familias campesinas o los agricultores familiares”. Incluye también “la suspensión de desalojos por cinco años (incluso la suspensión de ejecución de sentencias y actos administrativos que persigan ese fin) e insta en los tres primeros a realizar un relevamiento de posesión y uso de tierras”. En el anexo de la Cámara Baja, los diputados también repudiaron el asesinato de Galván. Pero lamentablemente, Galván no es el único caso de la voraz ambición de los grandes agronegocios capaces de regar la tierra trabajada por estos campesinos con su propia sangre. Otro caso cercano es el de Cristian Ferreyra –asesinado el 16 de noviembre pasado en Santiago del Estero por hombres que trabajaban a las órdenes de un empresario sojero-. Su madre, Mirta Salto, expresó entre lágrimas que “no tiene que haber un muerto más por la tierra”. “Le pido a la presidenta Cristina Fernández que apruebe con urgencia esta ley para que no haya más desalojos seguidos de muerte.

Sólo queda preguntar ¿Qué sucede con nuestros gobernantes que favorecen acuerdos comerciales millonarios  antes que la vida humana, vida de pequeños productores agropecuarios, comunidades campesinas indígenas? Es lamentable que las autoridades  no reparen en que muchos de estos campesinos indígenas nunca tuvieron título de propiedad de las tierras sino que las fueron trabajando de generación en generación y de la injusticia que es que los grandes empresarios del agro los quieran desalojar. Injusticia que muchos de estos indígenas están dispuestos a subsanar hasta con sus vidas.

Flavia Espinosa (CTMG)

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