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No más trata de personas

15 de noviembre de 2012

 

Gobiernos y policía cómplices del negocio.

Después de los últimos hechos acontecidos, es imperioso comenzar a hablar de la violencia de género, que incluye también, a una de las peores consecuencias de la misma: la trata de personas.

Para comenzar se hace necesario aclarar que, la trata de personas es, según la definición de La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional,  “la captación, el transporte, el traslado, de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, [..] con fines de explotación…” (en su mayoría explotación sexual, y en un 90% de mujeres y niñas).

En la Argentina, y en Buenos Aires sobre todo, a principios del siglo XX, había más extranjeros que nativos, y mucho más hombres que mujeres. La prostitución era carta corriente y las mafias dominaban no solo este negocio sino también la “trata de blancas” (término utilizado hasta no hace mucho para referirse a la misma situación).

Fue cuando el diputado socialista Alfredo Palacios comenzó a hacer visible esta problemática y luchó contra ella.  Presentó una Ley cuyo espíritu era el de incorporar como delitos penales en el Código el tráfico de personas. La misma fue sancionada en 1913 y constituyó un hito de reconocimiento mundial: fue la primera normativa en todo el continente americano destinado a proteger a las víctimas de la explotación sexual, combatiendo el flagelo y penalizando a los responsables.

Por eso es que suena irónico que a casi 100 años después de estos acontecimientos la sociedad en su conjunto tenga que salir a las calles a pedir justicia por las mujeres víctimas de estos delitos, y más irónico aún, que los gobiernos no sólo no se hagan cargo de la situación ni respondan como deberían a estos reclamos, sino que municipios, y gobiernos, en complicidad con la policía son totalmente cómplices.

Es por eso que a un año de la desaparición de Soledad Olivera y a seis meses de la de Johana Chacón, todavía no se encuentran responsables.   

Ambas muchachas desaparecieron en Lavalle y nunca más se supo nada de ellas, y hasta hace una semana no habían pensado ni siquiera la posibilidad de que ambos casos estuvieran vinculados. Hasta que se descubrió que en el celular del cuñado de Johana había cientos de llamados realizados al celular de Soledad el mismísimo día en que desapareció. Se lo condenó por falso testimonio al mentir cuando se le pregunto si conocía a la mujer en cuestión. Pero sigue libre, y Johana y Soledad siguen sin aparecer.

En medio de las intensas e incesante movilizaciones por estos  hechos, Mendoza fue escenario de una situación que casi pasa inadvertida. El sábado al medio día en pleno centro de nuestra ciudad, una joven menor de edad fue víctima de un intento de secuestro. Sin ayuda de nadie logró zafarse después de un largo forcejeo (cabe aclarar que ningún transeúnte intentó ayudarla). Pero hoy su historia podría ser distinta y estaríamos nuevamente lamentando la desaparición de una niña.

Para muchos, el problema tiene solución, y la misma se trata de que los municipios (el gobierno en general) con la policía copara los prostíbulos (que todos saben dónde se encuentran) y realizara las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de miles de mujeres y niñas que hoy faltan en sus hogares.

Ludmila Rivero (CTMG)

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