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Caricaturista debe comparecer en Ecuador

28 de enero de 2014

caricaturista ecuatoriano

Periodismo en las Américas informó acerca de un realizador de humor gráfico debe comparecer por viñetas de su autoría en el diario ecuatoriano El Universo.

La siguiente en la noticia

Caricaturista es el primer comunicador en Ecuador llamado a rendir cuentas bajo controversial Ley de Comunicación

Por Norma Garza

Caricatura de Xavier Bonilla publicada el 28 de diciembre de 2013 en el diario ecuatoriano El Universo.

Un cartón humorístico sobre el allanamiento a la casa de un periodista con el argumento de buscar supuestas denuncias de corrupción llevó al caricaturista Xavier Bonilla, quien firma como Bonil, a convertirse en el primer comunicador llamado a comparecer ante la Superintendencia de Información y Comunicación, a siete meses de que la Ley de Comunicación en Ecuador creará la nueva agencia.

El llamado al caricaturista para rendir cuentas ante la Ley se basó en un informe de la Superintendencia que acusa a Bonil de tergiversar la verdad y promover la agitación social con el cartón publicado en El Universo el pasado 28 de diciembre en alusión al caso de Fernando Villavicencio, periodista y asesor de un asambleísta de la oposición.

La caricatura, junto a la leyenda: “Policía y Fiscalía allanan domicilio de Fernando Villavicencio y se llevan documentación de denuncias de corrupción”, criticaba lo que pasó la noche del 26 y la madrugada del 27 de diciembre, según como lo describieron los afectados y varios medios de comunicación.

Bonil respondió con un escrito de siete páginas en el que explica los fundamentos de su trabajo y señala que “una caricatura como creación humorística no puede considerarse o exigirse bajo las formas de representación fidedigna e imparcial de la realidad. Constituye una forma de opinión humorística gráfica, por tanto sujeta a la perspectiva tanto de quien la realiza, como de quien la observa”.

José Hernández, director adjunto del sitio de noticias Hoy, criticó la acción gubernamental contra Bonil al aseverar en su artículo “¿Hay que reírse con abogado al lado?” que “cuando el poder quiere volver políticamente correctos a los humoristas, irremediablemente construye piezas risibles de antología”.

El presidente ecuatoriano Rafael Correa se ha referido a Bonil como un “sicario de tinta y enfermo” y se congratuló de tener “una Ley de Comunicación que nos defiende. Por más que se disfracen de caricaturistas jocosos para destilar su odio”.

Éste no es el primer conflicto entre el mandatario y el caricaturista, ya que hace un año, durante la campaña que lo llevó a la Presidencia, Correa se quejó ante la Comisión Nacional Electoral por la publicación de una caricatura que consideró dañaba su imagen y exigió a El Universo una réplica y una disculpa. El diario no se disculpó pero publicó la queja del entonces candidato, quien un año antes había ganado una demanda por injuria contra el medio, la cual condenó a tres directivos y un ex-editorialista a tres años de cárcel y el pago de $40 millones de dólares. Después, Correa pidió anular la sentencia.

César Ricaurte, director de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), que lleva desde 2008 una bitácora de las restricciones a la libertad de prensa, señaló que el principal agresor de la prensa es Correa. “El Presidente mantiene un constante y sistemático discurso estigmatizante contra periodistas y medios de comunicación. Ha calificado con los más duros adjetivos a los periodistas, en su programa sabatino los identifica con sus nombres y apellidos y exhibe sus fotografías. Eso lo hace cuando no le ha gustado alguna crítica o alguna columna de opinión”.

El siguiente paso en el caso Bonil es una audiencia en la que las partes presentarán sus pruebas, evidencias y documentos pertinentes. Al término de una semana, la Superintendencia deberá emitir la sanción o el archivo de la causa.

La Superintendencia de la Información y Comunicación es un “organismo técnico de vigilancia, auditoria, intervención y control” con capacidad sancionatoria con la tarea de investigar denuncias y supervisar el cumplimento de la Ley de Comunicación.​

La controversial ley fue aprobada el año pasado y ha sido ampliamente criticada por organizaciones internacionales desde entonnces. Human Rights Watch aseguró que la ley cercena la libertad de prensa y, de acuerdo con una alerta de la OEA,, creó un efecto intimidatorio al haber instalado la figura jurídica del “linchamiento mediático”.

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