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Plan Cóndor y el diario La Nación, de Buenos Aires

16 de abril de 2015

Por Luis Gregorio
Mendoza, Agosto 2014

El sociólogo Ricardo Sidicaro, que estudió los editoriales del diario La Nación, de Buenos Aires, desde 1909 a 1989, indica que el tradicional matutino “sólo de una manera tangencial y para leída entre líneas”, aludió al terrorismo de Estado impuesto en la Argentina por la dictadura en 1976. Y lo hizo precisamente ante el asesinato del general Juan José Torres, quien luego de haber sido desalojado de la presidencia de Bolivia había buscado asilo en la Argentina. El editorial se denominaba “El imperio de la muerte” y había sido dedicado especialmente a ese crimen. Días antes habían sido asesinados los ex legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, refugiados en Buenos Aires, por la situación imperante en Uruguay.
Tiene que haber sido la primera referencia al Operativo Cóndor realizada por este diario pero sin mencionarlo por este nombre, probablemente por “desconocimiento” de ese plan o por lo menos que tuviera esa denominación la siniestra operación que realizaban las dictaduras de los países del Cono Sur.
La información del hallazgo del hallazgo de Michelini y otros cadáveres apareció a dos columnas con pase a la página 12, columna 4 el 23 de mayo de 1976. El título decía: Hallóse el cadáver de Michelini. Y en la bajada agregaba: “También aparecieron el de Gutiérrez Ruiz y otros dos”.
En el texto se evidencia que La Nación había informado días antes que Michelini y Gutiérrez Ruiz habían sido secuestrados de sus respectivos domicilios. Michelini había sido diputado y senador por el Partido Colorado, ministro de los presidentes Oscar Gestión y Jorge Pacheco Areco y candidato a presidente por un sector del Partido Colorado. “Posteriormente se trasladó a Buenos Aires, y desde hace tres años se desempeñaba como redactor de asuntos internacionales en el matutino La Opinión. Héctor Gutiérrez Ruiz –también uruguayo- por su parte se había desempeñado como presidente de la Cámara de Diputados de su país” (La Nación, Buenos Aires. 23.5.1976 pgs 1 y 12). Luego el texto incorpora un comunicado de la Policía Federal Argentina sobre la información del caso
Indica Sidicaro (1993:401) que el editorial de marras de La Nación tenía “una forma un tanto confusa”, y que el texto reflexionaba sobre esas muertes de inocultable autoría parapolicial y oscilaba entre atribuir la responsabilidad a una conspiración internacional, como sostenía el gobierno, o a la guerrilla. El análisis terminaba: `Solo la voluntad férrea de retornar a la obediencia a la ley, al respecto por los derechos ajenos y al acatamiento a los principios de humanidad, nos evitará momentos más aciagos que los que estamos viviendo. Si persistimos en no defendernos con los recursos legítimos a nuestro alcance, nos aproximaremos cada día más al abismo”.
Sidicaro especula que “difícilmente” la invocación hecha por La Nación podía tener como destinatarios a los “conspiradores internacionales” o a la guerrilla. Más bien que se estaba dirigiendo al Gobierno. Agrega La Nación que la guerrilla, por cierto, aún se mostraba activa en la comisión de atentados “severamente condenados por el matutino, que al mismo tiempo le auguraba un muy próximo fin gracias a la eficacia de la represión estatal”. En ese contexto el diario daba por segura la “ineludible y pronta derrota” de la subversión.
Indica el investigador que el editorial citado “pareció exasperarse” y prefirió “evitar eufemismos” cuando abordó lo que caracterizó como “el asesinato –alevoso, como todos los que perpetra el extremismo- de tres sacerdotes católicos y dos seminaristas en una iglesia de la metrópoli (que) revela en toda su descarnada realidad a cuánto llega la saña criminal de ciertos grupos –no identificados en cuanto a los componentes pero reconocibles en su conjunto por sus métodos y por sus propósitos- en su afán vesánico de desencadenar el caos, sembrar el terror y sumir a la sociedad en la confusión trágica para que no tenga otra alternativa que la del sufrimiento de su corazón sacudido de continuo por la imagen siniestra de la irrealidad que sólo procura exterminar y destruir”. Se refería así al luctuoso suceso en el que habían sido asesinados cinco religiosos pertenecientes a la congregación de origen irlandés de los palotinos. Para Sidicaro, aquí La Nación “no dejaba ya lugar a términos equívocos, y probablemente el matutino trató de influir con su análisis en las discusiones que pudieron producirse en algunas esferas del gobierno acerca de continuar con la operación represiva extralegal” (Sidicaro, 1993:402).
Los sectores de los militares que pretendían seguir con ese tipo de represión parece que se impusieron y prueba de ello fue el secuestro de dos sacerdotes en La Rioja, sobre los que había dado cuenta el Epicospado en forma cautelosa. La Nación pidió “el monopolio del control represivo por parte del Estado”.
Igual, continúa Sidícaro, la posición del diario fue ambigua porque continuó con su prédica de la propaganda antiargentina en el exterior, “una conjura que desde algunos centros internacionales se ensaya para crear en el exterior la imagen del caso en la Argentina, con inclusión, claro está, de la falta total de garantías sobre la seguridad de las personas (y el) designio avieso de originar situaciones enojosas con los gobiernos de los países de que eran oriundas las víctimas de los crímenes mencionados” (La Nación 26.12.1981.pg69 (Sidicaro, 1993:402).
REUNION DE VIDELA Y PINOCHET
Se realizó en Santiago de Chile el 11 de noviembre de 1976. La visita de Videla se inició un jueves y se extendió hasta el sábado.
Videla pidió “comprensión” a la comunidad internacional para los dos países del Cono Sur. La Nación tituló en primera plana, en el sector izquierdo superior, a cuatro columnas, indicando: “Expresivo discurso del Gral. Videla”. Y en la bajada señalaba: “Reclamó la comprensión internacional para Chile y la Argentina, al condecorar al general Augusto Pinochet” (La Nación, Buenos Aires, 13.11.76). En esa reunión los presidentes habrían expresado la “necesidad de revitalizar las instituciones”, según La Nación. En esa portada , debajo de la información se destaca un título: Investigan a la Sra. de Perón por un cheque (a dos columnas). Y en el sector de la derecha, desde el centro para abajo en cuatro columnas un título de bastardillas, más dinámico, señala “ Detenidos por subversión en la Universidad del Sur”, que tiene sede en Bahía Blanca. En la bajada expresaba: “Fueron abatidos en La Plata otros ocho extremistas” (La Nación, 13.11.1976, pg 1)
El 11 de febrero de 1977 La Nación publica un editorial sobre “Los derechos humanos en el mundo de hoy” y el 2 de abril del mismo año titula el editorial “Una paz que merece ser vivida”. No hay referencias expresas al Plan Cóndor.
Tal vez, en las primeras ocasiones que La Nación habla de “Plan Cóndor” es cuando el juez español Baltasar Garzón pretende enjuiciar a militares sudamericanos, entre ellos, a Augusto Pinochet. El 28 de febrero de 1998 informa sobre críticas del presidente Carlos Menem al magistrado. El adelanto está en la portada, en la que existe un índice con los temas más importantes que contiene el matutino: “Críticas: Menem defendió a las fuerzas armadas y calificó de vedette al juez Baltasar Garzon) (La Nación; 28.2.98, pag 13). Posteriormente, el 11 de diciembre de 1998, hace referencia concreta al Plan Cóndor a través de un envío desde Madrid del periodista Fernando Mas.
Las reproducciones de ambas noticias se encuentran a continuación:
MENEM VS GARZON
Sábado 28 de febrero de 1998 | Publicado en edición impresa
Menem criticó al juez Garzón
Calificó de vedette al magistrado español y denunció acoso judicial a las FF.AA.

El presidente Carlos Menem expresó ayer su apoyo incondicional a las Fuerzas Armadas, en especial a la Marina, a la vez que calificó de “vedette” al juez español Baltasar Garzón, a quien acusó de acosar judicialmente a esas instituciones.
“He dado instrucciones precisas al Ministerio de Defensa para hacer fracasar estas maniobras, fraguadas desde la Argentina y acogidas por minúsculos sectores de la comunidad española”, dijo Menem, y aclaró que esas gestiones se encaminarán a partir de las “muy buenas relaciones que mantiene la Argentina con el reino de España”.
Durante la asunción del nuevo comandante del destructor ARA Heroína, capitán de fragata Antonio Torres, acto desarrollado en la base naval de Puerto Belgrano, el Presidente reivindicó el accionar del Gobierno en aras de “lograr la unidad y la reconciliación de todos los argentinos”.
El primer mandatario denunció “el acoso judicial a nuestras Fuerzas Armadas por parte de algunos sectores de la comunidad política argentina” y “de un juez de España que ha requerido la comparecencia de unos 200 oficiales, y de nueve que tienen la captura recomendada, y que son oficiales que están en plena actividad.
“Cuando nosotros reclamamos la extraterritorialidad por alguna legislación norteamericana respecto de Cuba, esos sectores que ahora la asumen como cierta y necesaria, en el caso de España en la Argentina, en aquella oportunidad aplaudían”, señaló Menem.
Añadió que “ahora, desgraciadamente, estos individuos de ultraizquierda apoyan la decisión de este juez que está haciendo daño a las relaciones entre nuestros países”.
El jefe del Estado dijo que no podía dejar de referirse a “esta serie de episodios que están ocurriendo” e instó a las Fuerzas Armadas “a seguir trabajando, a pesar de estos episodios” al asegurarles que “van a tener toda la fuerza, por parte del Gobierno, para hacer naufragar las intentonas del juez vedette”. .

La batalla legal por el ex dictador
Garzón dictó el procesamiento de Pinochet
El juez español lo acusó de genocidio y ordenó el congelamiento de sus bienes.

Viernes 11.12.1998 Sección El Mundo Diario La Nación, Buenos Aires
Por Fernando Mas (especial para La Nación)
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MADRID.- El juez Baltasar Garzón celebró ayer el quincuagésimo aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos con su parquedad habitual y un auto de procesamiento contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet Ugarte, detenido en Londres a petición de aquél en espera de un juicio que puede culminar con su extradición a España.
Garzón, que acusa a Pinochet de genocidio, torturas y terrorismo de Estado, esperó a que el ministro británico Jack Straw diera curso al procedimiento de extradición para ordenar también el congelamiento de los bienes del senador vitalicio, para hacer frente a sus responsabilidades civiles.
El juez acusa a Pinochet de haber privado de la libertad a más de 300.000 personas, haber obligado a abandonar Chile a más de 100.000, haber causado la muerte de casi 5000 y haber sometido a tortura a 50.000 personas.
En un auto de 285 páginas, que remitió a las autoridades judiciales británicas por vía diplomática y que ayer mismo transmitió por fax, Garzón pidió que se mantuviera a Pinochet en prisión provisional incondicional para que no eluda la acción de la Justicia.
El juez español pretende que, en algún momento del complejo proceso que comenzará hoy, cuando el ex dictador comparezca en silla de ruedas ante el tribunal de Belmarsh para que se le informe que está en marcha su extradición, pueda interrogarlo.
Garzón insistió en su auto en el delito de genocidio, a pesar de que el ministro Straw no lo tomó en cuenta a la hora de decidir la suerte del general. En España eso es importante porque refuerza la competencia de Garzón de juzgar hechos ocurridos fuera de las fronteras nacionales, según dictaminó recientemente la Sala Penal de la Audiencia Nacional.
Según el juez, en Chile no se produjo un mero golpe de Estado en septiembre de 1973, sino que ello fue el primer paso de un plan para terminar con el gobierno constitucional y asesinar al presidente Salvador Allende en vuelo, tras ofrecerle un avión para que abandonara el país.
FEROZ REPRESIÓN
Luego fue instaurada, afirma Garzón, “una feroz represión contra la vida, la seguridad y la libertad de las personas y sus patrimonios”, se persiguió con saña a todo aquel que discrepara y se intentó eliminar a “todo un grupo nacional”, lo que determina que se trató de un genocidio.
El documento enumera exhaustivamente los objetivos de la persecución: el gobierno, los opositores políticos, los sindicatos, los médicos (el diez por ciento de los cuales debió abandonar el país), los religiosos y los mapuches (“con una especial crueldad”, según el juez).
La represión no se detuvo en los adultos, sino que también se asesinó a menores de edad. Tampoco estuvieron excluidos los extranjeros, ya que en los primeros días del golpe fueron ejecutados catorce ciudadanos argentinos, siete brasileños, cuatro bolivianos, seis ecuatorianos, ocho uruguayos, un mexicano y un peruano.
Garzón afirma que la policía política del régimen, la DINA, bajo la dirección del general Manuel Contreras, era una “organización criminal”, un “mecanismo diabólico de desaparición, tortura y eliminación de personas dentro y fuera de Chile”.
La DINA, afirma, produjo atentados en España (donde intentó asesinar al socialista Carlos Altamirano), en Washington (donde fueron asesinados el ex canciller Orlando Letelier y su secretaria), y en Italia (donde atentó contra Bernardo Leighton y su esposa).
En Buenos Aires, asesinó al general Carlos Prats, ex comandante en jefe del ejército chileno, y a su esposa.
PLAN CÓNDOR
Garzón también hace responsable al régimen chileno del Plan Cóndor, que hizo de las tareas represivas una empresa multinacional del crimen en todo el Cono Sur y que causó, por lo menos, 3000 muertes. “El Plan Cóndor fue un proyecto personalmente ideado por el coronel Manuel Contreras (Cóndor I) siguiendo las órdenes de Augusto Pinochet”, afirma el juez.
Se trató de “una organización delictiva apoyada en las propias estructuras institucionales”, cuya única finalidad era “conspirar, desarrollar y ejecutar un plan criminal sistemático de detenciones ilegales, secuestros, torturas seguidas de muerte, desplazamientos forzosos de miles de personas y desaparición selectiva de un número próximo a las 3000”.
Su propósito era alcanzar “una serie de objetivos político-económicos” e “instaurar el terror en los ciudadanos. El centro de detención clandestina llamado Automotores Orletti, en Buenos Aires, fue el que, dentro del Plan Cóndor, se utilizó como lugar de tránsito de personas detenidas en la Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay o Chile. Después eran entregados a cada uno de los responsables de esos países, que los ejecutaban o los hacían desaparecer”, afirma el auto, que da una lista interminable de personas detenidas en la Argentina y enviadas a otros países.
En el auto figuran también los nombres de 119 personas que aparecieron muertas en el norte argentino con documentación chilena (Operación Colombo), en tiempos de María Estela Martínez de Perón y José López Rega.
El documento también describe las torturas empleadas, los métodos de interrogatorio, las muertes por ejecución sumaria, por maltratos y otras causas. .
Por Fernando Mas (Especial para La Nación ).

INFORMACION ENVIADA POR LUIS GREGORIO, DE LA CORRESPONSALIA DE LA NACION EN MENDOZA, AL DIARIO LA NACION DE BUENOS AIRES

QUERELLAN A PINOCHET POR
SECUESTROS EN MENDOZA

MENDOZA. Dos querellas se presentaron contra Augusto Pinochet por crímenes cometidos durante la dictadura militar y que están relacionados con esta provincia.
En las nuevas presentaciones, se acusa a Pinochet de la responsabilidad del secuestro de tres jóvenes chilenos que residían en Mendoza y que se encuentran desaparecidos. Se trata de Juan Hernández, Luis Muñoz Velásquez y Manuel Tamayo, quienes militaban en el Partido Socialista trasandino.
Según Nelson Caucoto, uno de los abogados querellantes, el caso revela la conexión que existía entre las dictaduras que gobernaban Chile y la Argentina en la década del ´70. “Esta querella deja al descubierto toda una operación coordinada entre los aparatos represivos” de ambos países, dijo Caucoto. “La Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) estuvo concertada con la Policía argentina”, sostuvo.
De acuerdo con el texto de la querella, los tres jóvenes fueron detenidos en Mendoza y conducidos a un regimiento del Ejército Argentino. Posteriormente, los socialistas fueron trasladados clandestinamente a Chile, donde finalmente desaparecieron.
LUIS GREGORIO
06.05.00

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